Más de 100 gobiernos aprueban en Dublín un tratado internacional.
Más de 100 gobiernos aprueban en Dublín el texto de un tratado internacional para prohibir las bombas de racimo, todas las bombas de racimo que se han usado durante más de 40 años quedarán prohibidas.
Todas las bombas de racimo que se usaron de Laos a Líbano, pasando por Camboya, Irak y Kosovo, serán prohibidas. El Tratado se abrirá a la firma de los Estados el próximo mes de diciembre en Oslo, y sólo será necesario que 30 Estados lo ratifiquen para que entre en vigor. A pesar de las reticencias de algunos países, no se han incluido periodos de transición que permitirían seguir utilizando dichas armas durante un cierto tiempo. Tampoco existe la posibilidad de que algún país exprese reservas sobre algunas de las disposiciones del Tratado, ya que éste lo prohíbe de manera expresa.
El Tratado establece medidas y plazos de destrucción de arsenales: debe ser lo antes posible, y nunca después de ocho años a partir de su ratificación. Cualquier posible retraso debe ser justificado con información exhaustiva ante Naciones Unidas. El apartado de asistencia a las víctimas, uno de los puntos menos fuertes del Tratado de Ottawa, que prohibió las minas antipersonales- es en esta ocasión reforzado. Se establece la obligación de proporcionar asistencia médica, rehabilitación y apoyo psicológico, y de tener en cuenta las consideraciones de sexo y edad. Cada Estado parte debe desarrollar para ello un plan nacional, calendarios y presupuesto, así como recabar si es necesario ayuda internacional.
Los Estados parte contraen obligaciones claras en materia de cooperación y asistencia internacional hacia las víctimas y los países afectados. Esta ayuda puede ser bilateral o ser canalizada a través del sistema de la ONU, y organizaciones nacionales, regionales e internacionales.
Quizá uno de los apartados más ambiciosos es el que se refiere a medidas de transparencia. Cada Estado miembro debe, en un plazo máximo de 180 días desde la ratificación del Tratado, entregar un informe de situación al Secretario General de la ONU. En él debe detallar el número de bombas de racimo que posee y sus características técnicas; los programas de reconversión o desmantelamiento de sus instalaciones y fábricas; los progresos realizados en la destrucción, etc. Este informe debe ser actualizado anualmente.
Uno de los aspectos más controvertidos hasta el final de las negociaciones fue la interoperatibilidad, es decir, las maniobras militares conjuntas entre Estados miembros del Tratado y los que no lo son (un tema sensible especialmente en lo que se refiere a EE UU y sus alianzas militares). En este asunto no fue posible lograr todos los avances deseados, pero las garantías que serían necesarias para utilizar estas armas en maniobras y operaciones conjuntas lo hace prácticamente inviable.
La sociedad civil, que estaba presente en Dublín con más de 200 organizaciones de todo el mundo, ha valorado este texto y la propia Conferencia como un momento histórico para acabar con el sufrimiento que durante 40 años ha causado este tipo de armas. Muchos supervivientes presentes en Dublín expresaron su euforia. Se trata de un documento histórico que significará un cambio real en las vidas de muchos afectados, y que evitará que haya más víctimas en el futuro. El Derecho Internacional Humanitario (DIH) ha dado hoy un gigantesco paso adelante, aseguró Eugeni Barquero, de la Fundació per la Pau.
Al Tratado se han sumado finalmente grandes países productores como el Reino Unido, Alemania o Francia, entre otros europeos, además de más de 100 países de América Latina, África y Asia. Esto garantiza el apoyo político suficiente para que el Tratado sea una norma internacional importante, y se ha logrado sin edulcorar su contenido. El Tratado contra las minas antipersonales logró inicialmente sólo el apoyo de 46 países, y hoy son más de 160. Por eso creemos que este avance será decisivo, afirmó Mabel González, de Greenpeace.